El gobierno francés impulsa una controvertida ley de inteligencia
Tres meses después de los sangrientos atentados perpetrados en París, la Asamblea Nacional francesa discute a partir de este lunes un proyecto de ley que permitirá acentuar la vigilancia a gran escala de la población. La normativa, calificada por sus detractores de “Patriot Act a la francesa”, crea un marco jurídico para la interceptación de comunicaciones electrónicas y rastrea el movimiento de personas y vehículos.
Primera modificación:
Las matanzas terroristas perpetradas en enero contra la redacción de Charlie Hebdo y el supermercado judío Hyper Casher en París, en la murieron 17 personas, llevaron al gobierno francés a replantear el marco jurídico y tecnológico en el que operan los servicios de inteligencia de Francia.
Para prevenir nuevos atentados, el gobierno francés defiende a partir de este lunes en la Asamblea Nacional una ley que brinda un marco legal a los servicios de inteligencia en la utilización de una tecnología capaz de interceptar mensajes electrónicos y conversaciones telefónicas.
Además, permite colocar dispositivos de rastreo en automóviles e instalar micrófonos y cámaras en el domicilio de sospechosos. Entre otras cosas, los servicios de inteligencia podrán también captar en directo lo que se está escribiendo en un teclado de computadora.
Según el primer ministro francés, Manuel Valls, el objetivo de esta normativa es "dar a los servicios de inteligencia recursos a la altura de los retos que enfrenta nuestro país".
Valls argumentó la necesidad de vigilar más eficazmente los movimientos yihadistas, recalcando que en el país "1.900 individuos" están involucrados "en redes terroristas yihadistas".
El Premier afirmó también que esta ley "será también protectora de los ciudadanos, ya que los límites de lo que es posible hacer en un Estado de derecho se fijarán rigurosamente".
Temor por una vigilancia masiva
Sin embargo, la ley es duramente cuestionada por organizaciones de derechos humanos y de instituciones que velan por la privacidad de los internautas, que consideran que se trata de una intrusión masiva en la vida de los ciudadanos.
La Comisión Nacional de Informática y Libertades (Cnil) denuncia "medidas de vigilancia mucho más amplias e intrusivas" que la existentes.
Por su parte, la Liga de Derechos Humanos criticó una "lógica de pesca con traína" y un "sistema potencialmente liberticida".
Las críticas también llegan desde el campo judicial. La Orden de Abogados de París manifestó su inquietud ante un texto "realizado sin ninguna concertación previa con el mundo judicial".
Otros cuestionan aspectos en particular del proyecto de ley. "La principal novedad de este texto, y lo que más se critica", sostuvo Damien Leloup, periodista del diario ‘Le Monde’ y especialista en nuevas tecnologías y libertad digital, "es la introducción de las llamadas cajas negras." Es decir que si se aprueba la ley, todos los proveedores de acceso a internet deberán instalar en sus servicios cajas que vigilarán el tráfico internet en todo el país.
Estas cajas negras no analizarán el contenido de las comunicaciones sino los metadatos, o sea "el destinatario, el origen de un mensaje, su horario, en fin, todas las informaciones en torno a la comunicación", precisa Leloup. Y con algoritmos fijados por los servicios de inteligencia se buscará detectar comportamientos "sospechosos", para intentar identificar a los grupos terroristas y sus actividades.
Otro de los aspectos cuestionados es la autorización de la utilización de los llamados “Imsi Catchers”, un dispositivo que permite interceptar en un amplio radio de acción datos de comunicaciones telefónicas, mensajes de texto, navegación por internet, sin relevar el contenido de estas actividades.
“Hoy en día, los algoritmos son utilizados masivamente por gigantes de internet para actividades comerciales sin suscitar indignación alguna”, responde el ministro del Interior Bernard Cazeneuve. “Los datos de terceros que sean captados fortuitamente serán destruidos”, prometió el funcionario.
Numerosas organizaciones de defensa de las libertades individuales en Francia, así como jueces y abogados, critican fuertemente estas medidas. Geneviève Garrigos, presidenta de la ONG Amnistía Internacional en Francia, pone en tela de juicio el acceso de los cuerpos de seguridad del Estado a la intimidad de las personas, así como su vigilancia constante. Estima además que los motivos por los cuales el ejecutivo podría decidir analizar los datos recabados sobre un individuo son demasiado ambiguos o amplios.
"Esta ley no es solamente para las cuestiones de lucha contra el terrorismo", subraya Garrigos. También "aparecen motivos de seguridad nacional, intereses económicos o de la diplomacia francesa y, sobre todo, no hay ningún control por parte de un juez".
El gobierno responde que una nueva comisión reforzada ejercerá el control del proceso. Pero las organizaciones representativas de la sociedad civil objetan que dicha comisión tendrá un papel más bien consultativo.
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