La ley de inteligencia: ¿Patriot Act a la francesa?

Este mes de abril la Asamblea Nacional francesa discute el proyecto de ley de inteligencia, cuyo objetivo, a tres meses de los atentados de París, es acentuar la vigilancia a fin de evitar nuevos atentados.  Impulsada por el gobierno socialista, dicha iniciativa es fuertemente criticada por organizaciones de la sociedad civil que denuncian una vigilancia masiva de los internautas.

El primer ministro, Manuel Valls (derecha), y el ministro del interior, Bernard Cazeneuve, presentan el proyecto de ley de seguridad y antiterrorismo, 19 de marzo de 2015. REUTERS/Philippe Wojazer

En preparación desde hace un año, este proyecto de ley legaliza una serie de técnicas y procedimientos empleados ya por los servicios de inteligencia para vigilar las comunicaciones de personas sospechosas, tanto en internet como en la red telefónica.

El principal objetivo es "dar a los servicios de inteligencia recursos a la altura de los retos que enfrenta nuestro país", explicaba el pasado 19 de marzo el primer ministro, Manuel Valls, al presentar la iniciativa. Esta ley "será también protectora de los ciudadanos, ya que los límites de lo que es posible hacer en un Estado de derecho se fijarán rigurosamente", indicaba. "Ya no habrá zonas grises."

El ministro del Interior, Bernard Cazeneuve, destacaba a su vez la necesidad de dicha normativa en " un contexto en el que la amenaza terrorista es muy grande y seria".

" La principal novedad de este texto, y lo que más se critica", explica Damien Leloup, periodista del diario Le Monde y especialista en nuevas tecnologías y libertad digital, "es la introducción de las llamadas cajas negras." Es decir que si se aprueba la ley, todos los proveedores de acceso a internet deberán instalar en sus servicios cajas que vigilarán el tráfico internet en todo el país.  Dichas cajas negras no analizarán el contenido de las comunicaciones sino los metadatos, o sea "el destinatario, el origen de un mensaje, su horario... en fin, todas las informaciones en torno a la comunicación", precisa Leloup. Y con algoritmos fijados por los servicios de inteligencia se buscará detectar comportamientos "sospechosos", para intentar identificar a los grupos terroristas y sus actividades.

Las ONG de defensa de las libertades reclaman un control del juez

Sin embargo, numerosas organizaciones de defensa de las libertades individuales en Francia, así como jueces y abogados, critican fuertemente estas medidas. Geneviève Garrigos, presidenta de la ONG Amnistía Internacional en Francia, pone en tela de juicio el acceso de los cuerpos de seguridad del Estado a la intimidad de las personas, así como su vigilancia constante. Estima además que los motivos por los cuales el ejecutivo podría decidir analizar los datos recabados sobre un individuo son demasiado ambiguos o amplios.

"Esta ley no es solamente para las cuestiones de lucha contra el terrorismo", subraya Garrigos: también "aparecen motivos de seguridad nacional, intereses económicos o de la diplomacia francesa y, sobre todo, no hay ningún control por parte de un juez".

El gobierno responde que una nueva comisión reforzada ejercerá el control del proceso. Pero las organizaciones representativas de la sociedad civil objetan que dicha comisión tendrá un papel más bien consultativo.

A fin de detectar a quienes escapan al radar de las autoridades - por ejemplo, cuando alguien viaja a Siria o Irak para unirse a los grupos yihadistas - los servicios franceses también podrán extender la vigilancia electrónica a todas las personas en contacto con los individuos sospechosos.

Geneviève Garrigos, de Amnistía Internacional, opina que esas medidas pueden conducir a excesos, como sucedió en Estados Unidos con el Patriot Act, la ley adoptada por el Congreso tras los atentados del 11 de Septiembre de 2001.

Los franceses reservados frente a la ley

Otro temor de algunas ONG francesas es que la ley erosione el secreto profesional de médicos, abogados o periodistas, deseosos estos últimos de proteger sus fuentes. El gobierno asegura que las enmiendas al proyecto original garantizarán estos derechos.

En cuanto a la opinión pública, se muestra reservada frente a la ley, sin condenarla rotundamente.

"Pienso que es necesario reforzar la lucha contra el terrorismo pero hay que ver cuáles son los límites con respecto a la vida privada y quién controlará que se respeten estos límites", opina Jean-Pierre, 67 años, al micrófono de RFI en París. Bérangère, de 37 años, está más preocupada: "Es como si entraran en nuestra vida privada, así que lo encuentro cuestionable."  "Como siempre, cuando se empieza con estas cosas, la gran pregunta es hasta dónde van a ir, y hasta dónde se considera que alguien tiene un potencial terrorista", resume Antoine, sentado en uno de los parques de la capital francesa.

Y Francia no es un caso aislado, lamenta la defensora de los derechos humanos, Geneviève Garrigos. En España o Canadá también han surgido iniciativas similares.

 Entrevistados: Damien Leloup, periodista del diario Le Monde, especialista en nuevas tecnologías y libertad digital; Geneviève Garrigos, presidenta de Amnistía Internacional Francia; algunos parisinos.