El Tribunal Constitucional Español marca la línea roja a los independentistas catalanes

La resolución de la Corte Constitucional suspende el proceso de desconexión del Estado aprobado en el Parlamento catalán el lunes pasado, y advierte a los altos cargos implicados en el proceso independentista la posibilidad de ser suspendidos en sus funciones, o incluso su investigación penal, en caso de desobediencia. Este jueves se celebra el segundo debate de investidura de Mas, del que no se prevé que salga proclamado como President.

El presidente cataláb saliente Artur Mas, ante el parlamento regional en Barcelona, el 12 de noviembre de 2015. Fuente: Reuters.

Por Jordi Brescó

El proceso independentista catalán se ha encontrado con dos piedras que dificultan su camino. La primera, la rotunda negativa de la ley española, representada por su máxima autoridad, el Tribunal Constitucional, a que el proceso de desconexión siga adelante; la segunda, el inconveniente de encontrar una figura de consenso entre los dos partidos secesionistas (Junts pel Sí y CUP) para que actúe como presidente de la Generalitat.

El Tribunal Constitucional suspendió la resolución aprobada el lunes pasado en el Parlamento catalán, en la que se daba por iniciado el proceso de desconexión del Estado español, tras admitir a trámite la impugnación presentada por el Gobierno presidido por Mariano Rajoy. El líder del Partido Popular se mostró “muy satisfecho” por la decisión de la máxima instancia jurídica española. El gobierno quiso destacar la rapidez con la que se actuó, demostrando “la fortaleza y solidez de la democracia y del imperio de la ley en España”.

A efectos prácticos, la admisión a trámite del recurso presentado por el Gobierno implica la suspensión automática de la disposición recurrida hasta que el Tribunal Constitucional efectúe un veredicto definitivo. En consecuencia, si desde el Parlamento o desde el Gobierno catalán se admiten a trámite propuestas que desarrollen la resolución suspendida (es decir, que conduzcan a la proclamación de una república catalana), el Constitucional puede inhabilitar de sus funciones a los altos cargos implicados. Esos mismos altos cargos podrían, además, ser objeto de una investigación penal por un delito de desobediencia.

De momento, veintiuno de esos altos cargos, entre los cuales se encuentran el presidente en funciones, Artur Mas, y la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ya han recibido la notificación por parte del Constitucional. Aún así, los miembros de Junts pel Sí y la CUP ya han repetido en varias ocasiones su intención de seguir adelante con el proceso de independencia al margen de lo que dictamine el Tribunal Constitucional.

Por otra parte, a lo largo de esta mañana se realizará el segundo debate de investidura de Artur Mas, en el que sorprendería su proclamación como presidente de la Generalitat. Mas necesita ganar por mayoría simple, algo que sólo conseguiría con dos votos a favor de la CUP, más la abstención del resto de miembros de ese mismo partido. Un escenario poco probable, puesto que la CUP ha mantenido desde antes de las elecciones su firmeza en investir a Mas, sino a una figura de consenso. Como President propusieron al número uno de la lista de Junts pel Sí, Raul Romeva, pero de momento el partido con mayor representación en el Parlamento sigue fiel a su intención de investir a Mas.

Si este jueves tampoco hay acuerdo, se abriría un periodo de dos meses para celebrar nuevos debates de investidura, con la fecha límite del 9 de enero. Superada esta fecha, el Parlamento catalán se disolvería automáticamente, y se deberían convocar nuevas elecciones. En el probable caso de no ser investido este jueves, Mas se convertiría en el primer candidato a la presidencia de la Generalitat desde la restauración de la democracia que no logra ser investido después de dos votaciones.