Rusia, condenada a pagar 50.000 millones de dólares por la expropiación de Yukos
La Corte Permanente de Arbitraje de La Haya multó al Estado ruso por haber forzado a la petrolera Yukos a la bancarrota y vendido sus activos a las empresas de propiedad estatal por "motivos políticos". Moscú promete utilizar todas las opciones jurídicas" para defender su posición.
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La Corte Permanente de Arbitraje de La Haya condenó a Rusia a pagar 50.000 millones de dólares de indemnizaciones a los antiguos accionistas de la compañía petrolera Yukos por haberlos expropiado.
La Corte dictaminó el 18 de julio que Rusia pague a los demandantes "50.000 millones de dólares" por haber forzado a Yukos a la bancarrota y vendido sus activos a las empresas de propiedad estatal por "motivos políticos", declaró en una rueda de prensa el abogado Emmannuel Gaillard.
El reclamo ante la justicia internacional data de 2005 con la demanda de las empresas Hulley Enterprises y Veteran Petroleum, dos compañías con sede en Chipre, y Yukos Universal, en la isla de Man (Islas Británicas), ex accionistas de la petrolera.
Los querellantes pedían una compensación total de 100.000 millones de dólares, cuatro veces el total de sus inversiones en Yukos, teniendo en cuenta lo que valdrían actualmente sus acciones, más los intereses.
De todos modos, los demandantes se felicitaron al considerar que con esta sentencia Rusia ha sido "declarada por unanimidad responsable de violar la ley internacional".
Moscú no tardó en cuestionar el fallo. El ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguei Lavrov, anunció el lunes que Rusia "utilizará todas las opciones jurídicas" para defender su posición tras la condena. Por lo pronto, anunció que apelará la sentencia.
Por su parte, el gigante energético estatal Rosneft, que compró la mayoría de las acciones de Yukos, aseguró que "todas las operaciones" realizadas para la adquisición fueron "completamente legales y de acuerdo a la legislación en vigor".
Yukos fue liquidada judicialmente en 2006 al término de un juicio por evasión fiscal y estafa a gran escala. El proceso fue interpretado como un intento de desbaratar las ambiciones políticas del dirigente de la empresa, Mijaíl Jodorkovski.
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