Alemania planea expulsar a los desempleados europeos
Los residentes comunitarios que no encuentren trabajo en seis meses a su llegada a Alemania podrán ser expulsados. El gobierno alemán quiere impedir que inmigrantes europeos sin trabajo se beneficien de las prestaciones sociales. La medida apunta a los inmigrantes del este y el sur de Europa.
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Por Elisenda Panadés.
“El que no encuentre trabajo, tiene que irse”. Así resumía el periódico Frankfurter Allgemeine Zeitung el informe presentado este miércoles por el Ejecutivo alemán que propone expulsar los migrantes comunitarios que tras tres o seis meses de su llegada no encuentren trabajo en el país.
Su mirada está puesta en primer lugar en los trabajadores rumanos y búlgaros, cuya presencia en el país habría aumentado en un 400% en los últimos dos años. El Gobierno alemán, de la coalición de conservadores y socialdemócratas, quiere impedir que los ciudadanos comunitarios de la llamada “migración pobre” se sirvan del la libre circulación que garantiza la Unión Europea para beneficiarse del sistema social alemán.
Las autoridades alemanas estiman que 200.000 trabajadores rumanos y búlgaros llegarán al país el 2014, atraídos por el crecimiento económico alemán, así como por las prestaciones sociales que reciben todas las personas con un contrato de trabajo.
Atacar el “fraude social”
El informe de 133 páginas presentado por el Ejecutivo alemán propone luchar contra el delito de “fraude social” que, según Berlín, realizan numerosos inmigrantes comunitarios venidos de Europa del Sur y del Este de Europa, al percibir, por ejemplo, ayudas sociales sin vivir en el país. Acusaciones como ésta (contra rumanos y búlgaros pero también españoles y griegos, entre otros) han aparecido frecuentemente en los últimos meses en los medios de comunicación alemanes, aunque hasta ahora no haya datos oficiales.
El Gobierno alemán se propone penar dicho fraude social con la expulsión y la prohibición temporal de entrada al país de los comunitarios que lo cometan. Por otro lado, Berlín realizará un control estricto de las solicitudes de las ayudas sociales como la "Kindergeld", un subsidio de 180 euros por hijo que reciben los alemanes mensualmente, independientemente de su renta, o la “Hartz-IV”, una compensación para desempleados de carácter no contributivo. Ayudas que hasta ahora tienen derechos los extranjeros comunitarios.
La propuesta Alemania sigue los pasos de lo que ya se aplica a la vecina Bélgica, luego que a principios de año se diera a conocer que Bruselas expulsa a comunitarios si considera que representan una carga para sus sistema social. Y lo hace borrándoles del registro oficial, condición imprescindible en Bélgica para acceder a la sanidad, la educación o las prestaciones sociales. 4.812 ciudadanos de la UE el año pasado, según datos suministrados por las autoridades belgas, recibieron una orden de salida de su territorio. Entre los más expulsados fueron, por orden: los rumanos, búlgaros, holandeses, franceses y españoles.
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