A fumar a la calle o a la cárcel

España comienza 2011 siendo un país más saludable, pero también algo más enfrentado tras la entrada en vigor de una restrictiva ley antitabaco que a partir de este 2 de enero sólo permite fumar a los españoles en la intimidad de sus casas, en plena calle o en las prisiones... La nueva normativa que cuenta con el respaldo de los partidos políticos y los especialistas médicos y, desde luego, con el apoyo de los no fumadores, ha generado una férrea oposición en el sector gastronómico que considera que la ley antitabaco espantará a buena parte de su clientela.

Jóvenes fumadores en Sevilla, el 3 de diciembre de 2010. ©Reuters.

Por el corresponsal de RFI en Madrid

La ley antitabaco promulgada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero prohíbe fumar en bares, restaurantes y cualquier espacio de ocio cerrado. Además, también al aire libre existirán zonas restringidas, ya que el fumador tendrá que abstenerse de encender un cigarrillo en las proximidades de hospitales, colegios y parques infantiles.

La nueva normativa, refuerzo de la legislación anterior que prohibía desde 2005 fumar en los edificios públicos y centros de trabajo, ha generado el rechazo de los hosteleros que consideran que perderán un porcentaje significativo de su clientela en un país donde se declara fumador más del 31 por ciento de los mayores de 16 años y en el que la población está más que acostumbrada a frecuentar bares, cafeterías y restaurantes de manera cotidiana.

Junto al temor por una eventual reducción de sus ingresos, el sector gastronómico se queja también de las fuertes inversiones económicas que tuvo que realizar en sus locales debido a la ley anterior que dejaba en manos de los propietarios la posibilidad de permitir el humo en bares y restaurantes, siempre que se contara con espacio suficiente y se hicieran las remodelaciones necesarias en el inmueble. La inmensa mayoría de los dueños de bares, restaurantes y cafeterías optaron por dejar a sus clientes que siguieran fumando, ya que sólo el 15 por ciento de los establecimientos decidieron estar compartimentados o totalmente liberados de humo tras la aprobación de la primera de las leyes hace cinco años.

Las presiones del poderoso sector gastronómico, integrado por representantes de más de 300 mil establecimientos, no han servido para frenar la nueva ley antitabaco que cuenta con un respaldo generalizado en el país, ya que fue aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado 22 de diciembre y ha recibido el apoyo explícito de los especialistas en sanidad y de las organizaciones de consumidores y usuarios que coinciden en subrayar sus ventajas.

“Los ciudadanos españoles han expresado reiteradamente su apoyo más que mayoritario a esta Ley, que permitirá disfrutar de ambientes sin humo tanto a los fumadores como a los no fumadores, y que mejorará la salud de todos ellos, especialmente de los menores y de los trabajadores de la restauración”, señaló la Ministra de Sanidad Leire Pajín en una entrevista publicada este domingo por el diario `Público´.

En España mueren cada año cerca de 50.000 personas por enfermedades derivadas del tabaquismo, una cifra que supera al conjunto de fallecidos por accidentes de tráfico y consumo de drogas ilegales.
El Gobierno de Rodríguez Zapatero es consciente de que la picaresca que caracteriza a este país desde tiempos inmemoriales permite en muchas ocasiones a los ciudadanos burlar las leyes aprovechando el menor resquicio, y por ello ha querido hacer una ley que no ofrezca lugar a dudas ni a interpretaciones.

Junto al ámbito privado y los clubes de fumadores, sólo estará permitido consumir tabaco en cárceles, centros psiquiátricos y de discapacitados y residencias de mayores, siempre que se haga en las zonas exteriores de los edificios o en salas habilitadas al efecto, que deberán estar señalizadas y contar con ventilación independiente. En los hoteles se podrá reservar hasta un 30 por ciento de habitaciones para fumadores, pero éstas deberán ser siempre las mismas y tienen que permanecer separadas del resto.

Con la entrada en vigor de la nueva ley antitabaco, España ha dejado de ser definitivamente uno de los países europeos más permisivo con los fumadores que en apenas cinco años han experimentado una brusca sacudida, pasando de un predominio poco menos que absoluto a la práctica exclusión social.