Hallan archivo robado de la dictadura en casa de represor muerto
La justicia de Uruguay realizó este viernes en Montevideo un allanamiento en la casa de la familia del represor Elmar Castiglioni, muerto el 19 de setiembre pasado, y halló archivos secretos de la dictadura que habían sido robados, presumiblemente por este coronel retirado. Castiglioni fue férreo defensor de los crímenes perpetrados por el terrorismo de Estado en el país del Cono Sur.
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Por Fabián Werner, corresponsal de RFI en Uruguay.
La información fue publicada este sábado por el portal Sudestada y confirmada horas después a través de un comunicado de la Fiscalía General de la Nación. Según los datos de la publicación, durante el allanamiento se pudieron recuperar 60 cajas con documentación catalogada como “reservada” o “secreta” por las Fuerzas Armadas en el período dictatorial (1973-1985).
El procedimiento judicial se realizó en la mañana del viernes 2 de octubre pero recién se conoció su existencia al mediodía de este sábado.
De acurdo a la información divulgada por Sudestada, Castiglioni robó parte de los archivos de Inteligencia del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) y del Servicio de Información de Defensa (SID), dos organismos militares involucrados en la represión ilegal durante la dictadura. El militar robó los documentos y los mantenía ocultos en su casa en el barrio montevideano de La Blanqueada, apenas a diez cuadras de distancia de la sede del Comando General del Ejército.
La existencia de este archivo había sido denunciada en numerosas ocasiones por organizaciones de derechos humanos e incluso había sido objeto de una investigación ordenada en 2007 por la entonces ministra de Defensa Azucena Berruti. Sin embargo, las actuaciones ordenadas por Berruti no tuvieron continuadad durante lso ministerios de sus sucesores en los dos gobiernos del izquierdista partido Frente Amplio.
Si bien hasta el momento no se conoce con certeza el contenido de los documentos recuperados, la información que se manejaba hasta el momento y la relevancia que tenían los Castiglioni en el esquema de represión ilegal hacen pensar que pueda tratarse del avance más significativo en las investigaciones que los gobiernos democráticos han iniciado para esclarecer los delitos cometidos por el terrorismo de Estado en Uruguay.
Quién era Elmar Castiglioni
Elmar Castiglioni había sido jefe de la Dirección de Inteligencia del Estado y murió recientemente a los 62 años de edad. Miembro de una familia ligada fuertemente a la dictadura, Elmar era sobrino de Víctor Castiglioni, uno de los líderes del grupo de militares que encabezó el proceso autoritario en Uruguay y a quien se atribuía la propiedad de un archivo que nunca había podido encontrarse, hasta ahora.
El coronel retirado Elmar Castiglioni fue hasta el momento de su muerte un acérrimo defensor del proceso autoritario que usurpó el poder en Uruguay entre 1973 y 1985. En su condición de vocero de los movimientos de militares retirados participó en 2014 de un foro que reunió a represores de toda América Latina en Buenos Aires en setiembre de 2014.
En aquella ocasión Castiglioni lamentó que las Fuerzas Armadas permitieran que “se crreyera que nuestros camaradas actuaron en la ilegalidad”, en referencia a los militares presos por violaciones a los derechos humanos en los países de la región. “Permitimos que eso se constituyera así y ahora ha que frenarlo y revertirlo”, exhortó.
“Sostener el conflicto latente durante 40 años se transforma en una venganza política”, aseguró Castiglioni y apeló a su auditorio a “tender una mano” a aquellos “camaradas en problemas” que permanecían presos acusados de delitos de lesa humanidad.
En 2013 Castiglioni había calificado como “insignificantes” las muertes de militantes políticos durante la dictadura durante un simposio de juristas que abordó el período autoritario. En aquella ocasión el militar se quejó por la “falta de garantías” para los ex represores presos y consideró que enjuiciar a los miembros de las Fuerzas Armadas por los delitos cometidos en el pasado tenía el único objetivo de mantener unido al Frente Amplio, el partido de gobierno que habilitó las investigaciones en la Justicia.
El allanamiento fue ordenado por la jueza Beatriz Larrieu y el fiscal Carlos Negro, quienes tienen a su cargo decenas de causas judiciales por denuncias de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
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