Las familias de Ayotzinapa exigen una nueva investigación internacional
Tras el informe elaborado hace dos semanas por expertos de varios países, que contradice la versión oficial sobre la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, los padres de las jóvenes víctimas solicitan otra averiguación para esclarecer los hechos.
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El presidente Peña Nieto se reunió con las familias y les propuso crear una nueva unidad judicial, especializada en investigar sobre la desaparición de personas. No obstante, no autorizó la realización de un nuevo estudio por expertos internacionales ni prometió verificar los resultados de las indagaciones adelantadas por las autoridades mexicanas.
El informe fue realizado bajo los auspicios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ejecutada por investigadores de Chile, Colombia, Guatemala y España. Estos niegan las afirmaciones de la policía mexicana, relativas a la incineración de los estudiantes asesinados en un basurero. «Eso no sucedió así … Habría que reorientar las investigaciones», afirmó el periodista Carlos Beristain, uno de los investigadores, refiriéndose a pruebas recabadas en la localidad de Cocula.
Los estudiantes desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, estado de Guerrero, luego de una manifestación que culminó con un enfrentamiento con la policía.
Peña Nieto no cierra el expediente
Así lo prometió el presidente mexicano a los padres de los 43 de Ayotzinapa, tras haberlos recibido durante aproximadamente tres horas ; el mandatario aseguró que su objetivo es determinar con claridad lo que sucedió.
Los padres de las víctimas se declararon en huelga de hambre durante 43 horas, una cifra simbólica, y formularon ocho exigencias al jefe de estado mexicano. El portavoz de la presidencia, Eduardo Sánchez, informó que Peña Nieto firmó el documento y pidió a las autoridades judiciales y a los ministros del Interior y de Asuntos Extranjeros que estudiaran cada una de las solicitudes de las familias.
El portavoz declaró que el presidente Peña Nieto había asegurado que el gobierno y las familias tenían el mismo objetivo : saber lo que en realidad sucedió a los jóvenes y luchar juntos para conocer la verdad. El presidente señaló que la investigación permanecería abierta y no sería suspendida.
El portavoz Sánchez añadió que la presidencia había ordenado la creación de un despacho especial, encargado de la búsqueda de los desaparecidos ; sin embargo, ya en 2013 se creó una entidad similar. Los padres de los jóvenes exigieron que dicha unidad fuera sometida a supervisión internacional.
Vidulfo Rosales, abogado de las familias, indicó que el presidente no se había «comprometido a responder» a las exigencias de los familiares.
Luego de la reunión con el presidente Peña Nieto, los padres fueron al Zócalo, donde instalaron un campamento : « No descansaremos, seremos una piedra en su zapato. No vamos a regresar a nuestras casas », afirmó María de Jesús Tlatempa, madre de uno de los desaparecidos.
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