Un sistema financiero de funcionamiento anómalo, un pretendido Estado de bienestar que no logró cumplir todo lo ofrecido y errores de política económica de un gobierno sumido en escándalos de corrupción imparables, son algunos de los motivos que llevaron a Brasil del auge a la recesión. La semana pasada el gobierno brasileño anunció un severo plan de ajustes que anticipa duras repercusiones sociales. Antes, la agencia de clasificación de riesgo Standard & Poor’s rebajó la calificación de crédito de Brasil y le retiró el sello de buen pagador. Todo ocurre en un contexto en el que la presidenta Dilma Rousseff mantiene un porcentaje de aprobación a su gestión de apenas 8%. Los males se acumulan y las cifras se registran en negativo para la que, sin embargo, es la séptima economía del mundo.

El sistema financiero aparece como el epicentro de la crisis económica brasileña. Según la Asociación Nacional de Ejecutivos de Finanzas, Administración y Contabilidad (ANEFAC), los intereses cobrados al consumidor brasileño por bancos y empresas comerciales en julio de 2015 fueron de casi 130 % anual, mientras que, en Europa, para la compra a plazos de algunos productos, esa cifra se limita a cerca de un 13%. Pero también las empresas pagan intereses altísimos, que en 2015 superaron el 60 %, según el mismo organismo. De esa manera, el sistema financiero brasileño traba la demanda y las inversiones, ya que las personas y las empresas dejan de consumir para pagar deudas y el país pierde recursos que podrían expandir la producción.

Durante su primer mandato la presidenta Rousseff usó los bancos estatales para ofrecer créditos con tazas de interés más bajas y forzar la competencia, pero esa estrategia no fue exitosa y su “nueva matriz económica” degeneró en estancamiento, aumento del déficit público y una inflación mayor.

La contracción de la economía brasileña se da en un contexto en el que la corrupción ha alcanzado todas las esferas. En junio de 2013 empezó una investigación llamada "Lava Jato", o lava autos, en español, porque inicialmente involucraba a pequeñas empresas de lavado de autos como pantalla de un esquema de lavado de dinero, pero después se descubrió una red de empresas que coludían para ganar licitaciones de Petrobras, la mayor empresa de Brasil y la estatal más grande en América Latina, por montos mucho mayores de los que normalmente se pactan en el mercado, a cambio de jugosas comisiones para funcionarios de la petrolera.

El desvío de las arcas de Petrobras por esos arreglos llegaría a los 675 millones de dólares. Existe una veintena de grandes empresas privadas y medio centenar de políticos involucrados, en su mayoría de la base de apoyo al gobierno de Dilma Rousseff. Asimismo, las autoridades sospechan que parte del dinero obtenido por esa red de corrupción pudo haber llegado a la campaña que el año pasado llevó a la reelección a Rousseff, lo cual también se investiga.

Pero hay otro eje que explica la actual crisis económica brasileña. Brasil tiene un desequilibrio fiscal estructural, cuyo origen se identifica en el contrato social recogido en la Constitución de 1988. La carta magna garantiza un Estado de bienestar que la economía brasileña, en su nivel de desarrollo, no logra satisfacer.

A nivel general de la economía brasileña, el primer impacto fuerte se sintió en 2009 tras la crisis financiera internacional. Su Producto Interno Bruto se contrajo entonces un 0,2%. El estancamiento se hizo claro en 2012 y 2013, años en que el crecimiento fue inferior al 3%. En 2014 el problema se intensificó al terminar con un débil 0,1% de crecimiento, y en el segundo trimestre de este año, la economía brasileña entró oficialmente en recesión.

El ministro de Finanzas, Joaquim Levy, anunció la semana anterior un plan de austeridad para intentar palear esta crisis. El plan consiste en postergar ajustes salariales y contrataciones del sector público, eliminar 10 de los 39 ministerios que existen, reducir 1.000 empleos estatales y recrear un viejo impuesto a las transacciones financieras. Pero pese a que Rousseff ya había ordenado cortar 21.600 millones de dólares del presupuesto de este año y luego agregó otros 6.800 millones, el panorama sigue siendo oscuro. El gobierno espera una contracción del PIB de 1,8% en el 2015, y del 2,55% en 2016.