Guatemala: Congreso examina inmunidad presidencial a regañadientes
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¿Hasta dónde irá la Justicia guatemalteca en su cruzada contra la red mafiosa La Línea, en la que podría estar implicado el presidente Otto Pérez Molina?
A petición de la Justicia guatemalteca, el Congreso instauró una comisión para analizar si se retira o no la inmunidad al mandatario. La comisión tiene hasta 60 días para someter su respuesta a los congresistas que tendrán la última palabra.
Sin embargo, una de las diputadas que integran esta comisión, Nineth Montenegro, de la oposición de izquierda, teme que la bancada oficialista gane tiempo para dejar pasar las elecciones generales del 6 de septiembre: “Si la comisión pesquisidora no se reúne, yo me reservo el derecho de convocar a una conferencia de prensa y presentar un amparo contra los diputados que no cumplen con su responsabilidad”. Si bien el ambiente es complicado para un buen desarrollo de las elecciones, “se puede solucionar con la renuncia del presidente”, estima la diputada.
Con fuertes sospechas de complicidad en una red de fraude aduanera que pesan sobre él, el presidente Pérez parece más aislado que nunca. Varios sectores pidieron de nuevo su renuncia en la calle. Su ex vicepresidenta, Roxana Baldetti, está en prisión preventiva, y 14 ministros abandonaron el gobierno. Dos de ellos, el extitular de Defensa y el del Interior, se fueron del país, uno hacia Panamá y otro hacia República Dominicana.
Ante este panorama, algunos piden que se posterguen las elecciones. Una opinión que no comparte Marco Barahona, politólogo del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (INCEP), quien considera que “si bien la crisis puede ser grave, no tiene por qué impedir el proceso electoral”. Como lo explica el politólogo, la Constitución prevé que se le pueda retirar la inmunidad al presidente y que tras su renuncia el vicepresidente proponga una terna de candidatos al Congreso para que se elija a un sustituto para vicepresidencia.
La crisis política inédita en Guatemala inició a raíz de las investigaciones de la Fiscalía y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Una red de funcionarios aduaneros permitieron la evasión de impuestos mediante el cobro de sobornos. Queda por determinar si la cabeza del Estado lideraba dicha estructura, como lo sospecha la Justicia.
Entrevistados: Nineth Montenegro, diputada, y Marco Barahona, politólogo del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (INCEP).
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