El costo ecológico del conflicto colombiano

El 22 de mayo pasado las FARC rompieron un cese unilateral e indefinido del fuego que habían iniciado el 20 de diciembre de 2014, y desde entonces han sido responsables de varios atentados contra la infraestructura petrolera y del consiguiente perjuicio ecológico.

Soldados del ejército colombiano. Reuters

El 22 de mayo pasado las FARC rompieron un cese unilateral e indefinido del fuego que habían iniciado el 20 de diciembre de 2014, y desde entonces han sido responsables de varios atentados contra la infraestructura petrolera y del consiguiente perjuicio ecológico. A comienzos de junio, en el departamento del Putumayo, conductores de 19 camiones cisterna fueron obligados por guerrilleros a derramar cerca de ocho mil barriles de crudo en las vías. El 29 de ese mes, en esa misma zona, el Frente 48 atentó contra el oleoducto Orito-Mansoya-Orito, y en la madrugada de este lunes, otro tramo de ese oleoducto sufrió una grave explosión.

Estos recientes atentados llevaron al Consejo de Estado a solicitarle al gobierno colombiano que incluyera el tema de la protección del ambiente y los recursos naturales en las negociaciones de paz que deberían continuarse en La Habana, pero que se encuentran en un punto crítico debido, precisamente, al repunte de la ofensiva bélica de las FARC.

Los ataques contra la infraestructura petrolera, sin embargo, no son un fenómeno de ahora. "Históricamente ha tenido un costo enorme que ha implicado deforestación, deterioro de bosques de la guerrilla directamente y también de los enfrentamientos bélicos. Obviamente tienen efectos los bombardeos", observa Manuel Rodríguez Becerra, presidente del Foro Nacional Ambiental en Colombia y quien fuera el primer Ministro del Medio Ambiente en ese país.

Según señala Manuel Rodríguez Becerra, las experiencias de procesos de paz en Centroamérica o en África, por ejemplo, demuestran que, en términos de costo ambiental, el posconflicto es tanto o más problemático que el conflicto, debido a que parte de la guerrilla no se desmoviliza o se desmoviliza, pero se mantiene en las que fueran zonas de conflicto dedicada a tareas ilegales de explotación de recursos, como oro o madera, tanto por lo rentable de esa actividad cuanto porque las oportunidades para tomar otras vías son escasas. Ideas para resolver esos desafíos tendrán ahora que ponerse sobre la tensa mesa de negociaciones de La Habana.

Audios:

Andrea Torres, directora del Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Viva.

Manuel Rodríguez Becerra, presidente del Foro Nacional Ambiental en Colombia.