Obama promete regularizar a millones de indocumentados por decreto
El presidente norteamericano anunció medidas para que la mitad de los inmigrantes “sin papeles”, aquellos que llegaron a Estados Unidos hace más cinco años, puedan permanecer en el país. La iniciativa que beneficiaría más de cuatro millones de indocumentados fue rechazada por los republicanos, mayoritarios en el Congreso, que la han tachado de inconstitucional.
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La promesa efectuada este jueves por el presidente Barack Obama debería sacar de la sombra de la clandestinidad a la mitad de los inmigrantes ilegales de Estados Unidos, estimados en 11,2 millones, en su mayoría originarios de México y América Central.
En un discurso de 15 minutos, el mandatario presentó medidas para que quienes reúnan una serie de requisitos puedan “presentar una demanda para permanecer en el país temporariamente, sin miedo de deportación".
Las medidas, advirtió el presidente, "no se aplican a las personas que han ingresado al país recientemente" ni a las que vengan en el futuro, y tampoco garantiza la ciudadanía estadounidense.
La Casa Blanca estima que unas cuatro millones de personas podrán beneficiarse con la medida, que otorga un permiso de residencia de tres años. Podrán también acogerse a ella los indocumentados que tengan hijos con nacionalidad estadounidense o con permiso de residencia.
Además, Obama defendió la flexibilización de los criterios para el programa Acción Diferida para Llegados en la Niñez (DACA, en inglés), originalmente adoptado en 2012, para aumentar la cantidad de beneficiarios.
El anuncio, que debería materializar en la próxima primavera boreal, fue acogido favorablemente por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, quien celebró "el coraje del mandatario estadounidense, que decidió avanzar tras un objetivo justo que no merecía más postergaciones".
Sin embargo, dentro de Estados Unidos la regularización prometida por Obama chocó con el rechazo de la oposición republicana, que controla desde octubre las dos cámaras del Congreso.
"No es así cómo funciona nuestra democracia", espetó el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner.
"El presidente ya ha dicho que no es un rey ni un emperador, pero se comporta como tal", agregó.
Por su parte, el titular de la Comisión de Seguridad Interna en la Cámara de Representantes, Michael McCaul, calificó las medidas anunciadas por Obama como "inconstitucionales y una amenaza a nuestra democracia".
Más lejos aún fue el senador republicano Rand Paul, quien llamó a la cámara baja del Congreso a adoptar una resolución que repudie el proyecto presidencial como ilegal, lo que abriría las puertas a un cuestionamiento judicial de las medidas.
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