Policías y narcos, señalados por el asesinato de estudiantes de Iguala
Tras la desaparición de 43 estudiantes en el estado de Guerrero, sicarios confesaron haber matado a 17 jóvenes en el mismo cerro donde fueron hallados este fin de semana decenas de cuerpos calcinados. Las víctimas aún no fueron identificadas. Ante las acusaciones de complicidad entre policías y narcos, el Ejecutivo envió a cientos de gendarmes a asumir el control de la región.
Primera modificación:
La policía municipal y sus vínculos con el narcotráfico aparecían este martes como los principales sospechosos en la muerte de jóvenes que desaparecieron diez días atrás en la ciudad de Iguala (estado de Guerrero).
Tras el interrogatorio de 143 agentes y la detención de 22 miembros uniformados, el presidente Enrique Peña Nieto ordenó el lunes el envío de centenares de policías y militares e investigadores para asumir el control de la región. Asimio, el director de Seguridad Pública y el alcalde de Iguala son buscados por las autoridades desde los tiroteos.
Los alumnos desaparecieron en la noche del 26 de septiembre, cuando policías y narcotraficantes dispararon -por motivos que no han trascendido- contra varios autobuses de los que se habían apoderado para regresar desde Iguala -donde fueron a recaudar fondos- a su cercana escuela de magisterio Ayotzinapa, un centro rural conocido por su activismo de izquierda.
Muchos de los 43 desaparecidos fueron vistos por última vez adentro de patrulleros de la policía. Seis personas, entre ellos tres estudiantes, murieron en los tiroteos.
Este fin de semana, 28 cadáveres fueron desenterrados de fosas clandestinas halladas en un área montañosa de Iguala y aún no han sido identificados. Según la fiscalía regional, dos sicarios del cártel de los Guerreros Unidos detenidos confesaron haber asesinado a 17 de los estudiantes en el mismo cerro donde fueron halladas las fosas.
De momento, las autoridades insisten en que para confirmar la identidad de los cadáveres hay que esperar al resultado de los exámenes forenses, que pueden durar más de dos semanas.
Los padres de los desaparecidos, por su parte, siguen negándose a creer que se trate de sus hijos.
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