La destitución de Petro está en manos de Santos
El alcalde izquierdista de Bogotá, Gustavo Petro, obtuvo este 19 de marzo medidas de protección cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) luego de que la justicia colombiana ratificara su destitución. Petro puede presentar un recurso adicional para bloquear su destitución.
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El Consejo de Estado de Colombia decidió este martes por mayoría revocar 14 tutelas (recursos de protección) a favor de Petro, con lo que el “acto de destitución ha quedado para ser ejecutado”, informó la presidenta de ese tribunal, María Claudia Rojas. La decisión, recordó, está ahora en manos del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos.
Hay que “esperar que el señor procurador general de la nación le comunique al señor presidente de la República que esa decisión está ya en firme” para que proceda a su sanción, explicó la magistrada. Petro, de 53 años, primer ex guerrillero en asumir la alcaldía de Bogotá (considerada como el segundo cargo de elección más importante después de la presidencia), fue destituido en diciembre por el procurador Alejandro Ordóñez, a raíz de una polémica reforma del sistema de recolección de basuras.
Ordóñez dispuso además que Petro fuera inhabilitado para ocupar cargos públicos por 15 años. Desde entonces, Bogotá, una ciudad con más de 7 millones de habitantes, vive con incertidumbre este proceso y miles de personas han protestado para exigir que Petro se mantenga en el cargo.
El alcalde obtuvo un rápido amparo por parte de la CIDH. El organismo, con sede en Washington, apuntó la necesidad de “garantizar el ejercicio de los derechos políticos del señor Gustavo Francisco Petro Urrego” a fin de que este “pueda cumplir con el período para el cual fue elegido como alcalde de la ciudad de Bogotá” (2012-2016).
La CIDH también pidió al gobierno de Colombia que informe “sobre la adopción de las medidas cautelares requeridas y actualizar dicha información en forma periódica”. Según la Comisión, el análisis de los documentos disponibles indica que “los derechos políticos del señor (...) Petro, elegido popularmente como Alcalde Mayor de la ciudad de Bogotá y actualmente en funciones, se encontrarían en situación de gravedad y urgencia”.
La defensa del alcalde podría además presentar un recurso adicional para bloquear su destitución. Petro enfrenta en paralelo un referendo revocatorio para sacarlo del cargo, que está previsto para el 6 de abril. Sin embargo, este proceso será suspendido si la destitución es confirmada.
La suerte del alcalde podría además ser analizada por la Corte Constitucional, que tiene la potestad de revisar los fallos emitidos, aunque tiene la discrecionalidad de tomar o no un caso.
“Todas las decisiones de tutela que se emiten en el país deben ser remitidas a la Corte Constitucional, que recibe mensualmente 100.000 tutelas, de las cuales elije un 0,5%", dijo a la AFP el abogado constitucionalista de la Universidad del Rosario, Manuel Quinche.
El abogado recordó que el máximo tribunal había denegado un amparo a favor de la senadora Piedad Córdoba, inhabilitada por la Procuraduría por “extralimitación en sus funciones” al haber oficiado de mediadora en la liberación de rehenes de guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
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