Congreso aprueba polémica ley de comunicaciones
El Congreso ecuatoriano aprobó una nueva ley de comunicaciones que regula a los medios y reduce el espacio del sector privado en la repartición de las frecuencias de radio y televisión. Un texto histórico, según el oficialismo. Una "mordaza" a la libertad de expresión, según la oposión y algunos medios y Ongs.
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"Después de cuatro años de bloqueo, el país cuenta con una nueva y muy buena ley de comunicación", señaló el presidente Rafael Correa tras la aprobación, este viernes 14 de junio, del texto cuyo debate se inició en 2009. El mandatario aseguró que la normativa apunta a que "haya buena prensa, verdadera libertad de expresión" en Ecuador y acusó a los medios de comunicación privados de "querer convertir la información en una mercancía".
Mas detalles sobre el contenido de esta ley con nuestro corresponsal en Quito
La nueva ley instaura una nueva repartición de las frecuencias y de las licencias de radio y televisión, otorgando un 34% para los medios comunitarios, un 33% para el sector público y un 33% para los medios privados con fines de lucro. Esto pondrá fin al "monopolio del sector privado", indicó a RFI el diputado oficialista e impulsor de la iniciativa, Mauro Andino. "No es posible que en Ecuador cerca del 90% de las frecuencias de radio y televisión esten concentradas en manos privadas", estimó el asambleísta.
Entre otras cosas, la nueva ley crea un consejo de regulación, que restringirá la difusión de contenidos violentos, explícitamente sexuales o discriminatorios. La instancia, que podrá multar a las empresas que no acepten rectificar informaciones, tendrá cinco miembros: un delegado del gobierno, uno de los municipios, uno del consejo de Igualdad, uno de los organismos de control de la función pública y uno de la Defensoría del Pueblo.
El texto también prohíbe el " linchamiento mediático", definido como "intentos reiterados de destruir a una persona natural o jurídica con el fin de reducir su credibilidad pública" y dispone que el 60% de los contenidos televisivos corresponda a producciones hechas en Ecuador, al igual que el 50% de la música que difunden las radioestaciones. Los anuncios publicitarios hechos en otros países también serán prohíbidos.
Una « mordaza » a la libertad de expresión
Partidos opositores y algunos medios denunciaron la ley como una "mordaza" a
la libertad de expresión. "Preocupa por ejemplo la creacion de esta Superintendencia de telecomunicaciones basicamente controlada por el ejecutivo", indicó a RFI el director ejecutivo del Centro Latinoamericano de Estudios Politicos en Quito, Sebastián Mantilla. "Además, la ley no es clara en algunos conceptos y da lugar a interpretación, entonces va a poder ser manipulada de acuerdo a conveniencias políticas", sentenció el analista.
Por su parte, la organización internacional pro derechos humanos, Human Rights Watch, calificó a la ley de "asalto a la libertad de expresión" y consideró que su aprobación "supone otro esfuerzo del presidente Correa para atacar a los medios independientes".
La normativa se enmarca en la disputa que sostiene, desde el principio de su mandato, el presidente Rafael Correa con un sector de los medios privados, al que acusa de tergiversar la información y de querer desestabilizarlo.
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