El fantasma de un nuevo “default” sobrevuela Buenos Aires
El Gobierno argentino apelará este lunes 26 de noviembre la decisión de un juez de Nueva York que lo obliga a pagar al contado una deuda de 1.450 millones de dólares a fondos especulativos. El fallo dejó abierta la posibilidad de una nueva cesación de pagos a mediados de diciembre. Con consecuencias que afectarían a todo el sistema financiero internacional. El análisis de la noticia.
Primera modificación:
Por nuestro corresponsal en Buenos Aires, Juan Buchet.
El riesgo de la cesación de pagos acecha nuevamente a la Argentina, once años después de que se declarara en la incapacidad de hacer frente a los vencimientos de su deuda soberana.
Escuche el informe con Juan Buchet, nuestro corresponsal en Buenos Aires:
En aquel entonces, el país estaba en crisis, y no podía pagarle a sus acreedores sin ayuda externa, al igual que Grecia hoy. Como el Fondo Monetario Internacional –a diferencia de lo que viene haciendo desde hace tres años, junto con la Unión Europea, con Grecia–, había decidido poner fin a su asistencia financiera, el Gobierno argentino tuvo que reconocerse insolvente sobre una deuda de 100.000 millones de dólares en los últimos días de diciembre de 2001.
Esta vez, la Argentina quiere y puede pagar. No ha dejado de hacerlo en tiempo y forma desde que reestructuró su deuda vencida –es decir que llegó a un acuerdo con la mayoría de los acreedores, quienes aceptaron canjear sus bonos contra otros de menor valor– en 2005 y 2010. De hecho, es uno de los países más solventes del mundo: su deuda representa apenas más que el tercio de su PBI, cuando para la mayoría de los países europeos sobre endeudados, ésta es apenas inferior y a veces muy superior (Grecia, por ejemplo) al valor de lo que producen cada año. Sin embargo, este 15 de diciembre la Argentina podría encontrarse en cesación de pagos, por una decisión de la justicia estadounidense.
¿Cómo entender esta situación, que parece desafiar lo lógica más elemental? Por el accionar de poderosos inversores que aún poseen bonos de la antigua deuda argentina porque no aceptaron canjearlos en su momento, y reclaman que se les pague lo que ellos consideran que se les debe por vía judicial.
En su mayoría son fondos especulativos, a veces llamados fondos “buitre”. ¿Por qué? Porque compran títulos de países al borde de la quiebra a inversionistas de buena fe que los quieren vender por temor a perderlo todo. Es decir que los adquieren muy por debajo de su valor nominal. Luego, rechazan la reestructuración e inician acciones judiciales. En el caso que nos ocupa, lo han hecho con éxito ante un tribunal neoyorquino, obteniendo a fines de octubre una decisión que les es favorable del juez Thomas Griesa, ratificada este 22 de noviembre.
¿Qué dice el fallo de Gresia? Que el 15 de diciembre la Argentina debe pagarle a los demandantes –dos fondos, Aurelius y NML (el mismo que obtuvo de la justicia ghanesa el bloqueo de la fragata Libertad), más 13 pequeños acreedores– lo que reclaman (1.450 millones de dólares) y le prohíbe, de no hacerlo, pagarle a ningún otro uno de los bonos emitidos en el momento del canje, que vence ese día. Con lo cual, el país se encontraría técnicamente en cesación de pagos.
Uno se preguntará qué tiene que ver la justicia estadounidense con la deuda argentina. Es que los títulos de deuda soberana, destinados a inversores del mundo entero, se emiten bajo legislación de los grandes centros financieros internacionales, a modo de garantía, en caso de litigio, para los bonistas.
Vale aclarar que 93% del valor de la deuda argentina que había quedado en cesación de pagos en el 2001 fue reestructurado, es decir que la inmensa mayoría de los tenedores de bonos aceptó el canje. Según las reglas de la finanza internacional, la operación fue un éxito y, en tal caso, se considera que los acreedores que no entraron en la reestructuración pierden sus derechos. Salvo que puedan hacer valer sus argumentos ante una instancia judicial complaciente, como ha ocurrido ahora.
Pero la decisión del juez Griesa no se limita a los supuestos derechos de los demandantes. Al impedir el pago a otros acreedores, no sólo ejerce una presión sobre la Argentina, sino que cuestiona las mismas bases de las reestructuraciones de deuda, es decir el único modo que se ha encontrado en el mundo para superar una quiebra soberana gracias a un acuerdo entre el país emisor de los títulos y sus acreedores. Es por eso que las grandes instituciones financieras estadounidenses apoyan el recurso de apelación que presentará el Gobierno argentino, luego de haber reafirmado que no le pagará a los fondos especulativos, este 26 de noviembre.
Si el tribunal de apelaciones disociara, en un nuevo fallo, la situación de los demandantes de la de los acreedores que aceptaron el canje, se volvería al statu quo ante. La disputa con los fondos especulativos seguiría por la vía judicial, pero la Argentina continuaría honrando la deuda reestructurada.
Caso contrario, se la declarará oficialmente en cesación de pagos. Con consecuencias nefastas aunque limitadas para el Estado argentino, en la medida que éste no recurre desde hace años a los mercados internacionales, con lo cual la obligada suba de los tipos de interés teóricos que se le aplicarían si quisiera emitir nueva deuda no la afectaría. Pero sí se verían en problemas las provincias y las empresas que se financian en el exterior, y también los acreedores que entraron en la reestructuración, ya que el valor de sus títulos se desplomaría. Y sería un terremoto para el sistema financiero mundial que podría dificultar más aún la salida de la crisis de la deuda europea.
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