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Argentina

El subte de Buenos Aires, víctima de un conflicto político

El movimiento gremial que dejó a más de un millón de usuarios sin la posibilidad de desplazarse por la red de subterráneos de Buenos Aires, esconde un pulso entre la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el alcalde de la capital Mauricio Macri.Por nuestro corresponsal en Buenos Aires, Juan Buchet.

En Buenos Aires, más de un millón de usuarios no pueden usar el subte desde el viernes 3 de agosto.
En Buenos Aires, más de un millón de usuarios no pueden usar el subte desde el viernes 3 de agosto. AFP PHOTO / Juan Mabromata
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Sin subterráneos, Buenos Aires vivió otra jornada de caos vehicular el martes 7 de agosto. El paro de los trabajadores del subte, que comenzó el viernes 3, afecta a más de un millón de usuarios. Los sindicatos decidieron la huelga porque la empresa concesionaria no organizó las negociaciones paritarias previstas por ley para aumentar los salarios. Pero tienen también otros reclamos que muestran que el movimiento social es parte de un conflicto más amplio, de índole política. Denuncian la falta de seguridad en las siete líneas de la red y afirman que los pasajeros están en peligro. Piden, en definitiva, que alguien se haga cargo del subte, objeto desde hace varios meses de una disputa entre el Gobierno nacional y el de la ciudad.

Tradicionalmente, los subterráneos de Buenos Aires dependían de la Nación. Pero, en diciembre de 2011, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció su traspaso a la Ciudad. Se iniciaron negociaciones con el alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri, centradas en las cuestiones financieras, ya que el precio del boleto está subsidiado. En enero de este año se llegó a un acuerdo, en el que el Gobierno nacional aceptaba financiar 50% del subsidio en el 2012, asumiendo el capitalino la totalidad del mismo a partir del 2013. Al mes, Macri dio marcha atrás, después de la llamada "tragedia de Once", el accidente de un tren suburbano que dejó un saldo de 51 muertos y reveló el pésimo estado de la red ferroviaria. Según el intendente, por falta de inversiones en los últimos años, las condiciones de transporte en el subte no son mejores que en los trenes. Desde entonces, reclama que la Nación financie las inversiones no realizadas antes de hacerse cargo de los subterráneos. Por su parte, la presidenta afirma que el traspaso, aceptado por Macri y refrendado por el Parlamento, es ley. Con un argumento clave en su favor: luego del acuerdo firmado en enero, la Ciudad decretó un aumento de la tarifa. El diferendo está ante la Justicia, que decidió el embargo cautelar del subsidio pagado por el Gobierno nacional. Y la empresa concesionaria dice no tener dinero ni siquiera para el mantenimiento de la red, justificando los temores de los trabajadores del subte.

Además del diferendo económico y de las cuestiones de seguridad, hay un pulso político en este conflicto. Macri, líder del partido opositor Pro (Propuesta Republicana) y candidato potencial a la sucesión de la peronista Cristina Fernández de Kirchner en las elecciones de 2015, afirma que el Gobierno nacional quiere ahogarlo financieramente. El oficialismo replica diciendo que el intendente, que hizo campaña reclamando más responsabilidades para la capital, demuestra su incapacidad en materia de gestión. Ante esta situación, más que una improbable decisión de la Justicia, la solución también deberá ser política. Está claro que el subte terminará en la órbita de la ciudad. Pero ¿cuándo y en qué condiciones? Sólo un nuevo acuerdo que permita a ambas partes declararse vencedoras aliviará a los usuarios y a los trabajadores, principales víctimas de este conflicto. Sin reconocer deuda alguna por inversiones, el Gobierno nacional podría, por ejemplo, destinar fondos suplementarios al subte contra la aceptación inmediata del traspaso por Macri. Por el momento, no parece existir voluntad de llegar a tal acuerdo. Es de esperar que la realidad no venga a imponer dramáticamente una solución, como pasó en febrero con los trenes suburbanos.
 

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