Sigue la toma de cuarteles policiales
Los policías amotinados desde el jueves en cuarteles de varias ciudades del país decidieron en la madrugada del sábado continuar con la medida de fuerza, luego de que fracasaran las negociaciones con el Gobierno.
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Las discusiones duraron más de siete horas, y tuvieron como base la aceptación de las autoridades al pedido de un incremento de los sueldos, pero ambas partes no lograron ponerse de acuerdo sobre el resto de los reclamos: además de un salario mínimo de 2000 bolivianos (300 dólares), los policías amotinados piden cambios en la Ley 101 de Régimen Disciplinario, una jubilación con el cien por ciento en base a su último sueldo y la creación de una oficina de derechos humanos para policías. También se agregó el pedido de renuncia del actual comandante de la Policía, coronel Víctor Maldonado.
Las autoridades bolivianas adelantaron que el diálogo en busca de un acuerdo se reanudará este sábado. Antes, los policías amotinados y sus esposas, que participan en las tomas, se reunirán para acordar “nuevas estrategias de presión”.
"Hemos avanzado en torno a los cuatro temas que nos habían planteado. En varios de ellos hay que trabajar en comisiones técnicas. Hemos hecho el máximo esfuerzo que podemos como gobierno con propuestas realistas", dijo en tono conciliador el ministro de Gobierno, Carlos Romero, encargado de la negociación con los policías.
El gobierno convocó al diálogo después de que el viernes se viviera una jornada violenta, en la que los policías amotinados atacaron y saquearon varias instalaciones policiales. El motín policial se extendió a más de 20 unidades en todo el país y dejó desprotegidas a las principales ciudades, en tanto las entidades financieras cerraron sus puertas como medida de cautela ante posibles situaciones de inseguridad.
Con 33.000 efectivos, el salario de un policía de base equivale a 194 dólares al mes, 50 dólares más que el salario mínimo vital y 94 dólares menos de lo que gana un sargento en las fuerzas armadas.
El mandatario debió anticipar su regreso desde Brasil, donde participaba de la cumbre Rio+20, para atender la situación y llamó a un gabinete de emergencia, según Romero.
"Es el conflicto más complicado que afronta Evo Morales y si no se resuelve pacíficamente podría detonar una crisis política como en el pasado", dijo el analista político Carlos Cordero.
En febrero de 2003 un motín policial por mejores salarios derivó en un enfrentamiento armado con la guardia militar presidencial que dejó 19 muertos y detonó en octubre de ese año una revuelta popular que obligó a renunciar y huir del país al entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada tras la muerte de 63 manifestantes.
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