Colombia reanuda con la pesadilla del narcoterrorismo

El diario colombiano El Espectador evocó en su edición digital de este jueves los aciagos tiempos del “narcoterrorismo del cartel de Medellín” en referencia a los ataques atribuidos a la guerrilla de las FARC esta semana.

Los atentados se concentraron principalmente en el sur-occidente del país. En dos poblaciones de esa región, Tumaco (departamento de Nariño) y Villa Rica (Cauca), murieron al menos quince personas, la mayoría civiles, en atentados con bomba a comisarías de policía.

El balance más trágico (9 muertos, seis civiles y tres policías) se registró el miércoles en Tumaco, una localidad que “ha sufrido mucho” y "es un centro de narcotráfico”, según dijo este jueves, desde allí, el presidente Juan Manuel Santos. Se reportaron asimismo 74 heridos.

También se presentaron ataques en Cajamarca (Tolima) y Remedios (Antioquia). Según medios locales, el balance de los ataques atribuidos a las FARC desde el miércoles sumaría 19 muertos, 14 civiles y 5 policías, y 114 heridos.

Denuncian alianza con narcos y ex paramilitares

El presidente Santos anunció un importante refuerzo militar en la zona con la intervención de una unidad de la infantería de Marina y otra del Ejército. “Serán más de 2.500 hombres adicionales”, subrayó. También habrá un aumento del contingente policial en 300 hombres.

En el caso del ataque en Tumaco, el ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón, aseguró que fue realizado por las FARC en alianza con la banda criminal Los Rastrojos, que componen narcotraficantes y ex paramilitares.

“Las FARC, en alianza con Los Rastrojos, están defendiendo una ruta del narcotráfico hacia el Pacífico. Lo que han hecho es terrorismo puro”, dijo Pinzón. 

El ataque a Tumaco fue atribuido a los jefes guerrilleros “Rambo” y “Óliver” por quienes el Gobierno fijó una recompensa de 1.500 millones de dólares.

Los ataques ocurrieron horas después de que las FARC aplazara indefinidamente la liberación de cinco policías y un militar, secuestrados desde hace más de doce años, alegando que la zona donde se produciría su entrega había sido militarizada.