Evo Morales anula el ‘gasolinazo’
El presidente boliviano dio marcha atrás y abrogó el decreto que aumentaba hasta en 83% el precio de los combustibles. La medida había desatado violentas protestas y una fuerte alza en los alimentos. Morales dejó asimismo sin efecto el incremento en los salarios previsto para contrarrestar los efectos de la impopular iniciativa.
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Fragmento del discurso de Evo Morales.
"Hemos decidido, en esta conducta de mandar obedeciendo al pueblo, abrogar el decreto supremo 748 (que eleva los precios de la gasolina y el diésel) y los demás decretos supremos que acompañan a esta medida", anunció el viernes el presidente de Bolivia, Evo Morales.
El mandatario añadió que "todas las medidas quedan sin efecto”. “No existe ninguna justificación ahora para subir los pasajes ni aumentar el precio de los alimentos ni la especulación. Todo vuelve a la situación anterior", añadió.
Esto incluye dar marcha atrás también en las medidas adoptadas para paliar los efectos del “gasolinazo” promulgado el pasado domingo: el incremento del 20% al salario mínimo nacional, que alcanzaba a la Policía, las Fuerzas Armadas, así como los sectores de salud y educación y abría las puertas al sector privado para negociar un incremento de sueldos en ese parámetro.
El análisis de Jorge Lazarte, politólogo de la Universidad Católica de La Paz.
Morales resolvió retirar el decreto tras las protestas multitudinarias registradas en La Paz y en la vecina ciudad de El Alto, que dejaron 15 heridos y una veintena de detenidos.
La promulgación del decreto presidencia había desatado además un alza en los precios de los alimentos. Los transportistas repercutieron la subida en un aumento del 100% en sus tarifas, al tiempo que se formaba una ola especulativa alimentada por rumores sobre 'corralitos bancarios' y la desdolarización de la economía.
De no ceder, asomaba la perspectiva de un recrudecimiento de la protesta. El poderoso sindicato de mineros había previstos marchas en distintos puntos del país y los gremios de maestros y choferes amenazaban con sumarse a las manifestaciones.
El gobierno boliviano había justificado el aumento del combustible argumentando que de los 380 millones de dólares que el Estado entregaba para subvencionar el carburante, 150 millones se iban en contrabando a países vecinos como Argentina, Brasil, Perú, Chile o Paraguay.
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