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Ecuador

Los indígenas dan tregua a Correa

La decisión del presidente de la Asamblea Nacional de paralizar la votación sobre el Plan de Aguas ha conseguido detener las protestas indígenas hasta que se realice la consulta popular prometida. Los líderes aborígenes piden, no obstante, que la decisión que tomen las comunidades sea vinculante.  

Manifestación de indígenas ecuatorianos frente a la Asamblea Nacional en Quito, el 13 de mayo.
Manifestación de indígenas ecuatorianos frente a la Asamblea Nacional en Quito, el 13 de mayo. ©Reuters
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Los colectivos indígenas de Ecuador han decidido hacer un paréntesis en sus protestas contra el proyecto de ley para regular el uso del agua que pretende llevar a cabo el Gobierno de Rafael Correa. El motivo no es otro que la suspensión inesperada de la votación prevista para el jueves en la Asamblea Nacional (AN), que debía aprobar el proyecto. 

El anuncio lo realizó el presidente de la cámara, Fernando Cordero, amparándose en una resolución judicial que insta a consultar a las comunidades cuando sus derechos colectivos puedan verse afectados.

Delfín Tenesaca, el presidente de Ecuarani, uno de los colectivos que está detrás de las protestas, ha explicado que los indígenas prepararán “asambleas populares” para estudiar los pasos a seguir ahora que la ley ha quedado “en el limbo” hasta que se establezca un calendario de consulta.

No obstante, no bajarán la guardia. Los bloqueos de carreteras y las marchas previstas “quedan en pausa” porque los indígenas tienen que “descansar para retomar las protestas con más fuerza”, ha advertido Tenesaca.

La población indígena, que dice alcanzar un 35% del país, considera que el proyecto les hará perder el control de las fuentes hídricas y promoverá la privatización del agua, favoreciendo “a las empresas mineras y embotelladoras”.

La situación, de esta forma, se calma por el momento. Pero la consulta no sería en ningún caso vinculante y ese punto puede volver a desatar las movilizaciones. “La consulta debe ser vinculante”, reclama Tenesaca, “seguiremos luchando por ello y en defensa de la vida, los recursos naturales y en contra de las políticas extractivas de Correa”.

El conflicto, que ha dejado 20 heridos y 30 detenidos hasta el momento, queda por tanto en suspenso hasta que se convoque la consulta, que deberá realizarse en un plazo no superior a cinco meses.

 

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